La división dentro del Tribunal Supremo ha creado un lío innecesario con el tema del impuesto a las hipotecas.
Tras una larga deliberación y un duro debate que se ha dirimido por dos votos de diferencia -15 frente a 13-, el Alto Tribunal ha decretado que sean los ciudadanos los que sigan pagando el impuesto de actos jurídicos documentados que incluyen los préstamos hipotecarios.
Nada de esto habría sucedido si el presidente de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, el magistrado Luis María Díez Picazo, hubiera elevado al Pleno de la Sala el recurso que daba pie al cambio en la jurisprudencia sobre el pago del tributo, en lugar de esperar a que se conociera la sentencia.
