Primeras 'declaraciones' de Trapero tras ser imputado por la Audiencia Nacional

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La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado como investigado para este viernes al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la causa por sedición abierta  por los incidentes del 1 de octubre, cuando miles de manifestantes trataron de impedir la acción de policías y guardias civiles para evitar el referéndum de autodeterminación ilegal. Los Mossos d'Esquadra, con una desvergüenza que aturde, informan de que acudirán a la Audiencia Nacional para demostrar que han cumplido las órdenes de Fiscalía y jueces.

Nosotros, como se ve en el vídeo, nos los hemos tomado a coña.

La magistrada, titular del juzgado central de instrucción número 3, ha citado también como investigados (actual denominación de los imputados) a la intendente de los Mossos en el Eixample, Teresa Laplana, y a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Todos ellos deberán acudir a la Audiencia acompañados de su abogado.

Poco después, Sànchez ha afirmado que "el Estado definitivamente ha enloquecido" y ha explicado que está meditando si debe acudir o no a declarar como investigado ante la Audiencia Nacional. Asimismo, Jordi Cuixart ha rechazado también ser el responsable de "un delito de sedición" durante las manifestaciones y ha reiterado el compromiso de su organización con las "movilizaciones permanentes" y "pacíficas". Cuixart ha declarado que las entidades soberanistas "no hicieron ninguna llamada a la violencia" durante la concentración, por lo que ha rechazado la autoría de "cualquier tipo de delito".

El delito de sedición castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Lamela acuerda estas diligencias una semana después de admitir a trámite la denuncia presentada por la fiscalía contra las personas que participaron en las protestas ante la Consejería de Economía de la Generalitat —que se encuentra en el distrito del Eixample del que es responsable Laplana tras los registros acordados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona al entender que estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de sedición por ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado".

Unas 40.000 personas protestaron y protagonizaron altercados aquel día contra la Operación Anubis, en la que fueron detenidos 14 altos cargos de la Generalitat por preparar el referéndum. Según la denuncia de la fiscalía, los manifestantes "pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil que estaban aparcadas frente a la Conselleria de Economia, a fin de impedir su legítima actuación" y "voluntarios de la ANC", con petos de color verde, y "conscientes de que con ello dificultarían la intervención policial", hicieron un cordón ante la puerta de Economía, "para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos" en aquella jornada. "Los manifestantes amenazaron a la Guardia Civil al grito de “no sortireu [no saldréis]”, señala la denuncia.

Jordi Sánchez dijo a los concentrados "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa", recoge la denuncia. "Ante la situación de extrema tensión", recoge el escrito, el Juzgado de Instrucción nº 13 se puso en contacto con Trapero "para ordenarle expresamente que activara el dispositivo de seguridad para permitir la salida de la Comisión Judicial, formada por los agentes y la Letrada de la Administración de Justicia". Esta "tuvo que salir ya de madrugada a través de la azotea del edificio, al impedir los manifestantes su salida por la puerta".

Jordi Cuixart pidió posteriormente que "la movilización no se detuviera", recoge la denuncia, mientras en el exterior, tres vehículos oficiales de la Guardia Civil "fueron atacados por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse en el edificio de Hacienda. La turba destrozó los tres vehículos oficiales".

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