La idea es que la comisión tuviera acceso a todos los documentos que necesite, sin que el Ejército o ninguna otra institución se los pueda negar alegando que es material clasificado o secreto, además de testimonios para llegar a una conclusión que sirva para establecer la verdad y reparar a las víctimas y garantizar que no se repetirán nunca más los crimenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. El periodo de estudio es desde julio de 1936 a diciembre de 1978, cuando se aprueba la Constitución.