En España, hemos padecido una tasa de paro muy superior a la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a lo largo de la II Restauración. Buena parte de esta situación, al margen de fenómenos coyunturales como la Gran Recesión, es debida a una serie de elementos estructurales cuyas consecuencias, entre otras, se reflejan en esta esfera sociológica.
El primero de ellos es de índole demográfica. Así, en nuestro país existe un elevado número de personas ancianas. Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el total de pensionistas superó los 8.400.000 personas en 2015. Así, el gasto en pensiones superó en 2014 el 10% del PIB, mientras que el sanitario fue de 6,8%.
Nuestra segunda causa es de índole jurídica. De este modo, mientras la media de indemnización por despido es de 22,1 días por año trabajado en los páises de la OCDE; en España, antes de la modificación del Estatuto de los Trabajadores llevada a cabo en 2012, era de 52 días. Actualmente, sigue siendo comparativamente alta, pues se sitúa en 33 días. Otros factores de índole jurídica que influyen en el fuerte desempleo estructural son: el exceso de “burocracia” para crear una empresa, pues, de acuerdo con el ex eurodiputado conservador Alejo Vidal-Quadras, en España existen más de 100.000 normas, muchas de ellas laborales, y se tardan 6 meses de media; o las barreras para el funcionamiento laboral de los trabajadores autónomos: tienen que pagar una cuota mensual de 264,44 euros, entre otros obstáculos.
En cuarto lugar, subyacen unos bajos niveles de movilidad geográfica o funcional, que dificultan el logro del equilibrio en el mercado de trabajo. De esta forma, la tasa de movilidad interprovincial se situó en 2015, según el mencionado ministerio, en el 11,9%; mientras que la interautonómica fue del 9,8%.
En quinto término, la escasa eficacia del sistema educativo en términos de colocación profesional es paupérrima, pues el actual es demasiado teórico y ello dificulta su absorción por el mercado laboral. Además, en las universidades públicas no existen incentivos para asociar su financiación al nivel de colocación de los estudiantes.
Por otra parte, hay que tener en cuenta también los costos laborales de las empresas. En España la cuña fiscal se sitúa en el 41,4%. Debemos añadir, de acuerdo con un informe del Banco Mundial y PwC, que la carga impositiva media de las empresas españolas es de un 17%. Sumando ello a los costes sociales que hemos visto antes, tenemos una carga fiscal global de un 58%, frente al 41% de la media comunitaria.
El siguiente capítulo, corresponde al fraude fiscal, tradicionalmente elevado en España, que cuesta aproximadamente 90.000 millones de euros al año a las arcas públicas, de acuerdo con los técnicos de Hacienda. Además, según FEDEA, se calcula que hay 144.000 millones acumulados pertenecientes a españoles en paraísos fiscales.
Por otro lado, según la Unión Europea, cada año este ente transnacional pierde 120 mil millones por malversación de fondos públicos. De acuerdo con la Comisión Europea, España se sitúa por encima de la media negativa en cuanto a corrupción. Por lo que si nuestro país supone casi la décima parte demográfica de la UE, el dinero perdido perdido no baja de los 12 mil millones de euros anuales.
Por último, el capítulo de I+D es de los más desventajosos por parte de España. Así, en nuestro país la inversión ha oscilado únicamente entre el 1%-2% del PIB, frente a Japón, los NPI, los países anglosajones, centroeuropeos y nórdicos de la OCDE, cuyos porcentajes de inversión han sido casi siempre superiores en esta década.
Observando todas estas causas del elevado desempleo estructural, podemos apreciar que son de naturaleza cultural, demográfica, ideológica e institucional. La existencia de estas se relaciona también con otras dimensiones sociológicas relacionadas, como la desafección política, y supone una fuente de atraso importante, en comparación con las naciones más avanzadas del mundo.
