Manuela Carmena sigue a rajatabla su plan de restar poder a los mandos policiales con otra carmenada de las que dejan huella.
Se trata de instaurar la figura del «jurado vecinal» en el que infractores, delincuentes y víctimas «tienen la oportunidad de encontrarse con el entorno social donde se cometió la infracción, reconocer su culpa y acordar conjuntamente vías para restaurar el daño hecho a la comunidad», según revela El País.–Carmena creará un nuevo modelo de seguridad con jurados vecinales—
«Menos represión y más mediación», es el lema al que se aferran los podemitas de Cibeles. La idea de Carmena se semeja bastante a los tribunales populares que ya existen en Cuba y México aunque el consistorio los sitúa en Holanda y EEUU donde han «tenido mucho éxito». —Arrancan los primeros juicios de los ‘tribunales populares’ del sur de México—
La inciativa tiene el noble fin de buscar la «reintegración social» del delincuente mediante acuerdos que deberán ser ratificados por un «juez ordinario».
Cabe recordar que Javier Barbero, concejal de Seguridad, Salud y Emergencias de Madrid, mantiene un pulso bestial con la Policía Municipal, tras ser victima de un escrache y acusar a los policías que participaron en el mismo de «fascistas».–Los podemitas reciben de su propia medicina: ‘escrache’ de la Policía al concejal de Seguridad de Carmen–
Una vez más los podemitas de Ahora Madrid muestran una extraña compasión por aquellos que violan la ley por ejercer una protesta social, ya sea asaltando una capilla como la edil Rita Maestre u okupando el Patio Maravillas como las ediles Rommy Arce y Celia Meyer.
La utopía podemita es abolir las cárceles ya que –según ellos– un acto delictivo no debe valorarse según el código penal sino por la necesidad de la lucha de clases.
Ya lo dijo el jurista podemita Gerardo Pisarello, número dos de Ada Colau: «El Código penal es el derecho penal del enemigo, una declaración de guerra contra los excluidos del sistema». Y su jefa de filas lo suscribió al decir que «Si hay que desobedecer las leyes que sean injustas, se desobedecen».
TOTAL DESPROPÓSITO
Para los sindicatos policiales es un total despropósito. Alfredo Perdiguero, del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), plantea la duda en declaraciones a PD sobre «quién se encargará de investigar el delito y determinar la pena»: «Esta medida no creo que pueda decirse que se aplica a Derecho».
El portavoz municipal adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, calificó el plan de «perverso»: «No podemos estar de acuerdo con un sistema donde se termina entregando el poder a unas instituciones que no tienen ningún soporte legal», afirmó en declaraciones a El País.
«Todo esto lo que genera es un vecino más controlado e indefenso, que ni siquiera sabe cómo se elige a los gestores de barrio o a los integrantes de los jurados vecinales», critica el portavoz del PP.
Henríquez de Luna compara la propuesta del concejal de Seguridad, Javier Barbero, con los «modelos participativos de Venezuela». «Han elegido Lavapiés porque es un sitio en el que se sienten cómodos por tener tantos seguidores».
