«La verdad mal intencionada es peor que la mentira» decía William Blake. Imaginen que les proponen invertir en su país. En España. En un producto que le va a reportar beneficios económicos a usted (lentamente y a largo plazo, eso sí), y ecológicos al país. Que va a cumplir una labor social con los ciudadanos, generando energía más limpia, sostenible y barata. Imaginen también que el que le propone el negocio es el propio gobierno de España, garantizando la viabilidad de la operación. Que lo pone en el BOE y emite anuncios promocionando. Imaginen por último que para invertir tienen que endeudarse, pero que el gobierno le anima a ello porque ofrece su respaldo. Una inversión 100% segura, responsable y que ayuda a mejorar España. Todos ganan, le dicen. Y usted se lo cree, según recoge David López Frías en El Español.
Ahora imagine que, una vez endeudado hasta los ojos, es el mismo gobierno el que cambia las reglas. Que le dice que todo aquello ahora es ilegal. Que ni le va a pagar tanto dinero, ni le va a permitir generar toda esa energía limpia de la que habían hablado. Que incluso le va a cerrar la planta de producción de energía solar. Que ellos no van a cumplir su parte del trato… pero que usted tendrá que comerse su deuda bancaria con patatas.
